‘Seré nicaragüense hasta el día que me muera’: el gobierno de Ortega retira la ciudadanía a cientos de personas

El gobierno de Nicaragua ha despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores políticos en la última semana, en otra señal de que el presidente autoritario del país no tiene intención de relajar su control en casa a pesar de un acuerdo, finalizado hace unos días, que liberó a cientos de presos políticos y los envió a Estados Unidos.

Un juez del tribunal de apelaciones anunció la medida más reciente: revocar la ciudadanía a 94 personas, el miércoles, justo después de que el gobierno hiciera lo mismo con las 222 personas que fueron enviadas a Estados Unidos la semana pasada.

Aunque Washington había acogido con satisfacción la liberación de prisioneros de la semana pasada, funcionarios del gobierno de Joe Biden condenaron las últimas medidas del gobierno nicaragüense.

En un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken calificó el retiro de la ciudadanía como “otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la solidificación de un régimen autocrático”.

“Quienes defienden valientemente la democracia en Nicaragua siempre serán sus ciudadanos y patriotas”, añadió.

Durante años, el presidente Daniel Ortega ha aplastado metódicamente la disidencia, reprimiendo con violencia a los manifestantes, socavando las instituciones democráticas y realizando detenciones masivas.

La privación de la ciudadanía a cientos de personas parece ser una nueva táctica de su gobierno, según los expertos. Las decisiones fueron ampliamente condenadas, incluso por grupos de derechos humanos que afirmaron que podrían violar el derecho internacional.

“Es una venganza política contra cualquier voz opositora”, comentó Jennie Lincoln, asesora principal para América Latina del Centro Carter. “Se trata de una limpieza de voces opositoras a todos los niveles, desde la élite política hasta el campesino del pueblo”.

La decisión también demostró el “control absoluto del poder judicial y legislativo” por parte de Ortega, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Esta decisión no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina —Augusto Pinochet, el sanguinario dictador de Chile, lo hizo con nueve personas— y debe ser recibida con una fuerte reacción por los líderes democráticos de la región”.

El juez que anunció la última decisión, Ernesto Rodríguez Mejía, declaró que las personas a las que se había revocado la ciudadanía habían cometido el delito de “traición a la patria”. Dijo que habían sido declarados culpables de los cargos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Dijo que también se había ordenado la confiscación de sus bienes.

La lista de personas afectadas incluía a una conocida poeta, Gioconda Belli; a un reconocido periodista, Carlos Fernando Chamorro; a un ex dirigente sandinista, Luis Carrión; y a una destacada activista de derechos humanos, Vilma Núñez. La mayoría de los afectados, aunque no todos, parecían encontrarse fuera de Nicaragua. Núñez, de 84 años, está entre los que se quedaron.

“No es una sorpresa total, pero ha sido peor de lo que pensaba que podían hacer”, dijo Belli en una entrevista telefónica desde Madrid, afirmando que la decisión perjudicaba a todos los afectados.

“Nos aleja de todo y no tenemos ningún recurso legal porque Nicaragua es un Estado sin ley”, afirmó. Dijo que las personas afectadas por la decisión del juez habían estado en comunicación entre sí y con el gobierno español, que había ofrecido una vía para la ciudadanía a los presos liberados la semana pasada.

Belli añadió que ella era afortunada porque también poseía la nacionalidad italiana por vía familiar. Pero muchos otros, dijo, habían perdido los medios para viajar, “para existir en muchos aspectos”.

La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió a Nicaragua “cumplir sus obligaciones internacionales” y declaró que era “verdaderamente preocupante que más de 300 personas hayan sido privadas, de manera arbitraria, de la nacionalidad nicaragüense”.

El derecho internacional “prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, señaló el organismo en un comunicado.

“La privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas puede equivaler a persecución”, añadió en una entrevista William Spindler, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados en América Latina. “Lo que significa que los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y no tienen otra, podrían convertirse en refugiados apátridas”.

Convertirse en “apátrida” puede exponer a una persona a una serie de problemas legales: un pasaporte que ya no permite viajar libremente a través de las fronteras, la pérdida de beneficios como la seguridad social y, dependiendo de las circunstancias, la amenaza de detención o procesamiento por parte de las autoridades locales.

Mientras que países como Baréin han despojado de la ciudadanía a decenas de activistas de la oposición, la ofensiva de Nicaragua parecía ser mayor que otras similares en todo el mundo.

No estaba claro de inmediato si las autoridades nicaragüenses iban a proceder a detener al puñado de personas a las que se había revocado la ciudadanía y que se cree que siguen en el país. Y algunos de los que han abandonado el país se mostraron reacios a dar declaraciones públicamente, por temor a represalias contra familiares en Nicaragua.

Belli salió del país en 2021 para visitar a sus hijos en Estados Unidos, y decidió no volver cuando Ortega adoptó medidas represivas. Dijo que le preocupaba especialmente el destino de Núñez y otros activistas en Nicaragua.

“Es muy preocupante”, dijo. “En Nicaragua, parece que cada día se oye hablar de algo peor”.

Pero añadió que el decreto de ciudadanía del gobierno no le quitaba el amor por su país. “No siento que haya perdido mi nacionalidad”, dijo. “No siento que eso sea un problema para mí: seré nicaragüense hasta el día que me muera”.

Frances Robles colaboró con la reportería.